En relación al sector automotor existe una amplia legislación local e internacional referida al tema. España, como estado miembro de la Unión Europea, adhiere al conjunto de normas establecido a partir de 1993 por esta comunidad política, acordando el objetivo de regular las emisiones vehiculares. Este grupo de seis disposiciones, genéricamente denominadas Euro, determina los valores de emisión de gases permitidos para los coches nuevos, reduciendo las cantidades límites progresivamente. La etapa Euro 5 entró en vigor en septiembre de 2009 y regirá hasta 2014 cuando la exigente Euro 6 la sustituya. Ambas disponen las limitaciones relativas a turismos y vehículos comerciales ligeros, con motores diésel y a gasolina. El reglamento ordena la disminución de contaminantes tales como hidrocarburos, óxido de nitrógeno y monóxido de carbono. El impacto ambiental generado por los vehículos que han finalizado su vida útil es también un aspecto muy importante a considerar y legislar en materia ecológica. Mediante el Real Decreto 1383/2002 España incorpora la Directiva 2000/53/CE que regula el tratamiento de los coches fuera de uso. La medida contempla no solo los ciclos de desmontaje y reutilización, sino que comprende las fases de diseño y construcción. Esta previsión permite restringir el uso de componentes peligrosos durante la fabricación y aconsejar la utilización de material reciclado para la elaboración de diferentes piezas. España asume, además, los compromisos aceptados mediante la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo, desarrollando diversos proyectos tendientes a preservar la calidad del aire. Los planes PIVE y PIMA Aire facilitan la compra de vehículos más eficientes y de menor efecto contaminante.